Hay ciertos conceptos del ámbito legal que pueden llegar a causar confusión a quienes no están tan acostumbrados a abordarlos. Uno de ellos es el de Responsabilidad Patrimonial de la Administración o Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas. Se trata de la obligación de las Administraciones a compensar económicamente a los particulares por las potenciales lesiones sufridas en términos de sus bienes o derechos. Esto, siempre que las lesiones sean consecuencia directa del anormal funcionamiento de los servicios públicos. Y si has sido víctima de una situación de este tipo, te corresponde una compensación.
El régimen jurídico que regula la Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas está recogido en dos leyes:
Es elevada la complejidad de esta Institución, y para su operatividad depende del cumplimiento de una serie de requisitos que no deben ser obviados. Atendiendo, asimismo, a ciertos límites que deben respetarse. El artículo 106.2 de la Carta Magna reconoce efectivamente el derecho de los particulares a ser indemnizados en los términos establecidos por la ley siempre y cuando se materialicen las condiciones que las normativas establecen. Esos requisitos a cumplirse son varios, los siguientes:
Éste es un punto no menor, y expertos en el tema como los de Moreno Alcalá recuerdan que el plazo para hacer el reclamo es de hasta un año desde que se produjera el daño en cuestión o desde la última instancia en la que sus daños pueden ser cuantificados. Por eso, si te consideras víctima del funcionamiento de las Administraciones públicas, debes contactar a un abogado cuanto antes, pidiéndole que te guíe en este procedimiento. Y debe ser un especialista en Administración Pública y no en áreas no relacionadas.
Por todo lo dicho, la Responsabilidad Patrimonial de la Administración es una responsabilidad que deriva del anormal o normal funcionamiento de las Administraciones Públicas y que se puede solventar con una indemnización si la Justicia así lo evalúa. Contactar un abogado es el primer paso para hacer un análisis de los hechos y avanzar hacia la compensación económica.